La cantante colombiana Shakira aseguró este lunes que las sociedades que abrió en las Islas Vírgenes Británicas, desveladas por la investigación Papeles de Pandora, fueron “debidamente declaradas” a la Hacienda española, así que son “totalmente transparentes”, y están ya en proceso de liquidación.
En un comunicado, la artista, que está a la espera de juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014, negó este lunes que las sociedades de las Islas Vírgenes fueran constituidas en 2019 y mantiene que lo fueron entre 2001 y 2009.
Según la cantante, se trata de sociedades constituidas “conforme a la legislación aplicable” y “muchísimo antes” de que estableciera en España su residencia habitual.
Esas sociedades, añade el comunicado, fueron “debidamente declaradas” a las autoridades tributarias españolas por medio del impuesto del Patrimonio y el de la Renta de las Personas Físicas.
Aunque en su momento se constituyeron con un “fin operativo concreto”, a día de hoy carecen de rentas y actividad y se encuentran en proceso de liquidación, asegura.
La investigación, desvelada este domingo se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y ha sido publicada por medios internacionales.
El pasado julio, un juez español de Barcelona dejó a la cantante a un paso de juicio al apreciar “indicios suficientes” de defraudar a Hacienda simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.
El proceso penal deriva de una querella de la Fiscalía, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.
Shakira ya ha pagado los 14,5 millones de euros que la Agencia Tributaria le exigía más otros tres millones en intereses, aunque niega el fraude fiscal con el argumento de que su presencia en España era aún esporádica esos años.
En ese sentido, la artista colombiana informó de que el Tribunal Administrativo Regional de Cataluña acaba de darle la razón en un pleito que mantenía contra la Agencia Tributaria por unos 300.000 euros correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 y 2016.
Según el comunicado remitido hoy, el Tribunal Administrativo ha reconocido ahora que la Agencia Tributaria liquidó de forma incorrecta “una serie de recargos”.
