José Luis Bravo pasó esta semana de ser considerado un exitoso empresario que se hizo de una cadena de restaurantes mexicanos en el Medio Oeste de Estados Unidos, a encabezar una acusación federal por crimen organizado, similar a la que interponen contra mafiosos, narcotraficantes y pandilleros.
Bravo, de 51 años, fue detenido este miércoles por agentes federales y ahora se encuentra bajo custodia de los US Marshals. El gobierno afirma que es el líder de lo que cataloga como una “empresa delictiva organizada” que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica, contratarlos en varios restaurantes suyos y pagarles una miseria. De esta actividad ilícita, él y sus 18 cómplices sacaron provecho financiero, según la denuncia interpuesta en una corte federal de Kansas, en Missouri.
La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés, que le permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración.
Naturalizado estadounidense, Bravo enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y ser obligado a pagar una multa de 2.5 millones de dólares. Solo por violar la Ley RICO lo pueden sentenciar a pasar dos décadas preso, de acuerdo con los fiscales.
El Departamento de Justicia alega que Bravo y sus asociados participaron que desde julio de 2003 y el pasado 10 de agosto en el tráfico de varios indocumentados de mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos con el fin de emplearlos en sus negocios ubicados en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.
Ese esquema les permitió evadir impuestos estatales y federales. Aunado a eso, ni siquiera les pagaban el sueldo mínimo, ni las horas extras a esos trabajadores, e incumplían con las prestaciones laborales que les correspondían por ley, independientemente de su estatus migratorio.
Para que no los descubrieran las autoridades, les daban alojamiento y los transportaban a sus lugares de trabajo, les ayudaban a tramitar documentos falsos, les pagaban en efectivo y se aseguraban de que no los vieran en los restaurantes en caso de alguna inspección federal, describe la acusación.
Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution, que distribuye alimentos, suministros y equipos para restaurantes en el Medio Oeste del país. También brinda apoyo administrativo y contable a esos establecimientos en las áreas de nómina, seguros, licencias, impuestos y servicios legales.
