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Congreso insta a declarar como terroristas a maras

En una reciente sesión ordinaria, el Pleno del Congreso de la República, con una notable asistencia de más de 120 diputados, ha dado luz verde a importantes normativas. Entre ellas, destaca la aprobación del Decreto 8-2025, que introduce reformas a la Ley de Competencia, y la emisión del Punto Resolutivo 1-2025, a través del cual se exhorta al Organismo Ejecutivo a declarar a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como organizaciones terroristas.

La jornada legislativa, dirigida por el Presidente del Congreso, Nery Ramos y Ramos, culminó con la aprobación del Decreto 8-2025 gracias al voto favorable de 119 congresistas. Esta nueva normativa tiene como objetivo principal establecer los mecanismos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento administrativo de la futura Superintendencia de Competencia. Con estas reformas, se busca garantizar que la entidad sea eficiente y sirva de manera efectiva a los intereses de la población guatemalteca, promoviendo un mercado más justo y equitativo.

Paralelamente, el Congreso aprobó el Punto Resolutivo 1-2025, una medida que insta al Presidente de la República a emitir una declaratoria formal que califique a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 como grupos terroristas. La propuesta, presentada por la diputada Nadia de León, busca que el Ejecutivo defina y especifique las acciones concretas que se tomarán en contra de estas estructuras criminales, que representan una seria amenaza para la seguridad y la paz de los ciudadanos.

La fundamentación de esta solicitud se vio reforzada por el reciente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos, que designó oficialmente al Barrio 18 como una organización terrorista extranjera a nivel global. Esta decisión internacional fue un factor clave para que varios diputados respaldaran la medida, considerándola un paso necesario para combatir frontalmente a estos grupos que han sembrado el terror y la violencia en el país. La iniciativa fue aplaudida por diversos congresistas, quienes coincidieron en la urgencia de adoptar medidas más contundentes para proteger a la población guatemalteca.

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