Roberto Padilla, un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la oficina de El Paso, en Texas, tenía una deuda de drogas de 500 dólares y para saldarla aceptó buscar información confidencial de la policía para advertirle a un narcotraficante si había alguna operación encubierta enfocada en él, de acuerdo con las autoridades federales. “No tienes nada”, le escribió por WhatsApp a quien a la postre se convirtió en un cooperante del FBI.
El celular del traficante es ahora la evidencia más importante de este proceso penal. “Si algo sucede los fiscales federales me meterán a la cárcel por un mes. Quiero decir, de uno a cinco años”, escribió en una de las conversaciones el oficial migratorio, quien fue arrestado el 6 de agosto acusado de recibir un soborno siendo un funcionario público. Enfrenta una condena de hasta 15 años de prisión.
Este caso es el más reciente que involucra a funcionarios de ICE que terminaron tras las rejas por corrupción. Un agente migratorio recibió dinero de un narco colombiano a cambio retirar una acusación en su contra, otro obtuvo información policial sensible con el fin de entregársela a un familiar con lazos en una organización de tráfico de drogas y uno más aceptó un pago ilegal del dueño de un club nudista en Las Vegas para realizar un operativo en el local de su competidor.
Al menos diez funcionarios de ICE han estado en la mira del FBI, aunque varios recibieron condenas reducidas. ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) son las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con más uniformados en problemas judiciales por corromperse.
Para ICE no ha sido fácil meter en cintura a los malos policías, sobre todo por la falta de políticas y procedimientos suficientes para resolver ese problema y por un código de silencio dentro de esa corporación, reveló un reporte que la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS.
