El Ministro de Gobernación de Guatemala ha emitido una enérgica exhortación a todos los ciudadanos para que denuncien de manera inmediata cualquier retén policial que consideren irregular. Esta directriz se centra especialmente en aquellos operativos que involucren únicamente una autopatrulla y dos agentes, o una unidad motorizada, ya que estos formatos han sido identificados como potencialmente vulnerables a prácticas ilícitas.
Para facilitar la denuncia y garantizar una respuesta oportuna, el Ministerio de Gobernación ha habilitado el número telefónico #30327356, perteneciente a la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC). Se insta a la población a utilizar este canal para reportar cualquier situación sospechosa o exigencia indebida por parte de agentes policiales.
El ministro ha sido enfático al señalar que estos controles policiales con una presencia mínima de personal y vehículos están prohibidos, y que cualquier oficial de la PNC que participe en ellos será objeto de sanciones administrativas y legales correspondientes.
Adicionalmente, se han emitido recomendaciones importantes para los ciudadanos en caso de que una patrulla policial les solicite detenerse. Se aconseja reducir la velocidad de forma gradual, encender las luces intermitentes del vehículo y buscar un lugar seguro e iluminado para estacionarse. Idealmente, este lugar debería contar con cámaras de vigilancia, lo que podría servir como elemento disuasorio y prueba en caso de ser necesario.
Finalmente, el Ministerio de Gobernación ha recordado a la población que grabar o fotografiar tanto el operativo policial como a los agentes involucrados es un derecho fundamental del ciudadano y no está prohibido por ninguna ley vigente en Guatemala. Esta acción puede ser crucial para documentar cualquier irregularidad y respaldar una denuncia formal.
La respuesta a este llamado del Ministro de Gobernación ha sido significativa, como lo demuestran las 460 reacciones a la publicación, incluyendo la de Carlos Marroquín y 459 personas más. Esto subraya la preocupación ciudadana por la transparencia y legalidad de los operativos policiales y la disposición a colaborar con las autoridades para erradicar las prácticas corruptas.