La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. La primera de ellas corresponde a presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, en agravio del Estado, según informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter este martes. La investigación se relaciona con dos concesiones realizadas por el Estado el año pasado.
El comunicado publicado por la Fiscalía atribuye al jefe de Estado “haber intervenido en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, así como presuntamente “haber intervenido en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local”.
La segunda investigación abierta contra Castillo es “por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal”, según el documento del Ministerio Público.
La Fiscalía reconoce que “el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”.
Según la Constitución peruana, el presidente solo puede ser acusado durante su mandato “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Hasta este martes, el presidente Castillo no se ha pronunciado sobre el anuncio de las investigaciones en su contra.
